La semana pasada el Consejo de Gobierno hacía pública la decisión de unificar los colegios Ramón Pelayo, Los Viveros y Simón Cabarga de Santander, lo cual conllevará el cierre de este último. La medida ha sido presentada como una forma de potenciar la educación pública y racionalizar los gastos de mantenimiento y personal.
Desde FAPA Cantabria lamentamos profundamente esta decisión, que no hace sino poner de manifiesto que la única política educativa que han llevando a cabo tanto este gobierno actual como los anteriores es la de reducir los presupuestos dedicados a esta área, sin poner nada de su parte para favorecer la enseñanza pública como la única capaz de garantizar una educación de calidad para todos los niños y niñas.
Sólo así se explica que en una población en la que las plazas en educación concertada superan el 55% del total de las existentes la bajada de matriculación en los centros públicos se “solucione” con el cierre de estos.
Conviene recordar que el origen de los conciertos educativos se produjo ante la necesidad de cubrir la falta de plazas existente en los centros públicos. Sin embargo, esta cuestión ha quedado aparcada por los diferentes gobiernos, que han seguido sosteniendo este sistema bajo la falacia de la “libertad de elección de las familias”. Libertad que los números han demostrado repetidamente que sólo se produce para un sector de la población, pues la inmensa mayoría del alumnado más desfavorecido social y económicamente está en unos centros públicos que cada vez cuentan con menos recursos.
Paradójicamente, ahora vemos como un centro con apenas 30 años de vida va a ser cerrado mientras la educación concertada alcanza los 33 con una excelente salud “gracias” a nuestros gobernantes.
En una población en la que dos tercios de las plazas de centros públicos están situados en el extrarradio, ¿no hubiese sido más apropiado aprovechar esos centros con pocas plazas para potenciar una educación que prestase más atención a la diversidad del alumnado y sus necesidades de forma individualizada? ¿No se podía haber convertido este “problema” en una oportunidad para potencia la educación pública? Lamentablemente vemos que ha primado el interés económico por encima de todo lo demás.
Esperamos que la decisión tomada sea la última en este sentido, pues las familias tenemos claro que no estamos dispuestas a consentir que se siga mermando el sistema de educación pública.
Santander, a 13 de Febrero de 2018
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